Banda de guerra del ejército, toca bonito

Parlamento

Parlamento, institución política compuesta generalmente por una o dos cámaras o asambleas, que suele ejercer el poder legislativo en un Estado. Su significado inicial era el de un lugar en el que se habla; etimológicamente el término deriva del verbo francés parler (‘hablar’). En la práctica, deliberar es sólo una de las funciones que realiza un Parlamento, y en el presente no la más importante.

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ORÍGENES

Las raíces de los parlamentos son muchas y variadas. Se considera que el Parlamento más antiguo que aún existe es el Althing, en Islandia, pero una interrupción en su funcionamiento en el siglo XIX implica que el Parlamento que ha funcionado más tiempo sin interrupción sea el Tynwald de la isla de Man. Entre los más antiguos se encuentra el Parlamento británico, que data del siglo XIII y que ha sido probablemente el más influyente en el desarrollo de las tradiciones del Estado parlamentario. Entre sus raíces se cuentan el Witenagemot anglosajón y el consejo asesor de los reyes normandos: el Curia Regis.

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DESARROLLO

Los parlamentos ingleses se formaron inicialmente porque los monarcas necesitaban ayuda para conseguir dinero. Muy pronto se implantó la costumbre de que antes de aceptar una nueva tasa se presentaran las quejas con antelación. A principios del siglo XVII, el Parlamento inglés se había embarcado en una lucha por la supremacía con la Corona. El resultado fue la Guerra Civil inglesa. Para acabar con los problemas que enfrentaban a los monarcas con los representantes parlamentarios fue preciso emprender una nueva lucha más avanzado el siglo. Después de la Revolución Gloriosa (1688-1689) quedó claro que los monarcas gobernaban con el respaldo del Parlamento, creándose un sistema de equilibrio entre ambos poderes que serviría de modelo a todo el mundo occidental.

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CLASIFICACIÓN

Los parlamentos del mundo contemporáneo tienen un muy variado grado de potestades. Algunos deciden cuestiones políticas, como el Congreso de Estados Unidos; otros más bien influyen en políticas ya definidas, como los del Reino Unido, Alemania o Francia. En algunos países, los parlamentos son una entidad burocrática sin ninguna independencia. Este era el papel más común del Parlamento en los países comunistas, como el Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o el Congreso Nacional del Pueblo de China.

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FUNCIONES

Los parlamentos modernos realizan diversas funciones. Además de la idea inicial del debate, es usual que los parlamentos estén involucrados en la redacción de leyes, en el control del presupuesto, en la representación de la población del país y en la decisión de la composición del gobierno. En muchos sistemas democráticos el Parlamento se constituye mediante elecciones legislativas. Generalmente, los ministros participan en el Parlamento aunque a veces, como en la V República Francesa, no lo tienen permitido.

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EXTENSIÓN DEL SISTEMA PARLAMENTARIO

La gran mayoría de los países del mundo poseen un Parlamento. Una de las consecuencias de la influencia occidental en el resto del mundo ha sido la extensión del concepto de sistema parlamentario aunque algunos estados no occidentales ya tenían sus propias asambleas antes de la colonización. Esto es especialmente cierto en el caso de la Commonwealth. Países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda han funcionado con un gobierno parlamentario tradicional durante mucho tiempo. La India también ha demostrado ser capaz de mantener un sistema parlamentario y puede reclamar el título de ser la mayor democracia parlamentaria con sus dos multitudinarias cámaras, el Lok Sabha y el Rajya Sabha. Un país vecino, Pakistán, ha tenido una experiencia parlamentaria menos satisfactoria e interrumpida con más frecuencia. Esto indica que los países en vías de desarrollo tienen mayores dificultades en mantener un sistema parlamentario por una inestabilidad política que ha derivado históricamente en la frecuente aparición de regímenes de partido único o dictaduras.

Por otro lado, el parlamentarismo latinoamericano es consecuencia del proceso de emancipación iniciado en 1810, y en el que ejerció una gran influencia la primera Constitución liberal española aprobada en las Cortes de Cádiz en 1812. En casi todos los países, el poder legislativo reside en un Parlamento bicameral compuesto por una cámara baja, que puede ser denominada de diversas maneras (Congreso de los Diputados, Cámara de Representantes, etcétera) y una cámara alta que suele identificarse como Senado.

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EL PARLAMENTO BRITÁNICO

Después de establecer su superioridad frente al monarca, la posición del Parlamento británico volvió a ser amenazada en el siglo XIX desde otra dirección. La extensión de la democracia provocó la aparición de disciplinas de partido en el Parlamento, especialmente en la Cámara de los Comunes, con lo que la idea del Parlamento como reunión de personas libres e independientes fue puesta en duda. El crecimiento de los partidos se unió al incremento en la actividad del Estado y a la mayor complejidad de la economía en el siglo XX, con el resultado final de que el poder se desplazó, en el Reino Unido y muchos otros países, al poder ejecutivo. De esta manera, durante el siglo XX el poder en el Reino Unido ha pasado de la Cámara de los Lores a la de los Comunes. Las funciones del Parlamento en su conjunto han sido: aprobar la formación de gobiernos, designar los componentes del gabinete, y controlar sus acciones.

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NÚMERO DE CÁMARAS

Los parlamentos constan generalmente de dos cámaras, pero hay muchos ejemplos de parlamentos unicamerales: el Folketing danés, la Kneset israelí, el Parlamento neozelandés, o la Asamblea Nacional surcoreana.

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COMPOSICIÓN

Por regla general, al menos una cámara de los parlamentos bicamerales se constituye por voto directo (es el caso de la mayoría de las cámaras bajas). La cámara alta es constituida también por votación popular, pero con un sistema distinto. En Japón, por ejemplo, ambas cámaras de la Dieta (la de Representantes y la de Consejeros) se eligen directamente, pero por procedimientos diferentes. En Estados Unidos la elección del Senado se hace por estados, tomado cada uno como una unidad, a diferencia de la votación por circunscripciones individuales asociada a la Cámara de Representantes. El sistema australiano tiene algunos aspectos parecidos: la Cámara de Representantes está formada por 148 escaños votados individualmente en circunscripciones diferentes; los doce miembros del Senado son elegidos en todo el país. En algunos sistemas puede que la segunda cámara no se constituya siquiera por elecciones: la Cámara de los Lores en el Reino Unido incluye a los nobles por herencia, los candidatos que han sido elegidos para ello, los abogados decanos y los arzobispos decanos de la Iglesia anglicana. En el caso del Senado canadiense los miembros resultan por designación. En algunos casos, como en la cámara alta de Alemania, el Bundesrat, existe un mecanismo de elecciones indirectas, aquí de representantes de las unidades básicas del país: los länder.

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EL PARLAMENTO EUROPEO

La prueba de la necesidad de parlamentos viene dada por el hecho de que aunque la Unión Europea no es aún un Estado, ya tiene un Parlamento. Desde 1979 los miembros del Parlamento Europeo han sido elegidos directamente por los ciudadanos de la Unión cada cuatro años. El número de sus escaños se reparte entre los países miembros teniendo en cuenta su población. El Parlamento Europeo cuenta actualmente con 624 escaños. El país más pequeño, Luxemburgo, tiene seis y el más grande, Alemania, 99. Francia, Italia y Gran Bretaña cuentan cada uno con 87 escaños.

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EL PARLAMENTO EN ESPAÑA

En España, las primera manifestaciones de carácter parlamentario se remontan a los siglos XIII y XIV, cuando, a petición del rey, se realizaban reuniones periódicas de notables, por regla general representantes de la Iglesia y la nobleza, sobre todo en Aragón y Castilla. Se constituyeron así las Cortes estamentales, asambleas responsables de formar el consejo del monarca, de discutir sobre el régimen de tributos de cada región y dictar leyes generales. Estos órganos, que no tardarían en recibir el nombre de Cortes generales, serían el sustrato de un sistema bicameral heredero de las tensiones históricas entre clérigos y aristócratas. Dichas confrontaciones alcanzarán su punto máximo de violencia a lo largo del siglo XIX, en que las contiendas civiles y la alternancia entre gobiernos de inspiración conservadora y los de espíritu liberal, restan a la institución parlamentaria su significado y el más mínimo asomo de eficacia. Tras la II República española (1931-1939), y luego de una guerra civil, el régimen del general Francisco Franco, de partido único, estableció un sistema autotitulado de ‘democracia orgánica’, con evidentes coincidencias con el modelo de Estado corporativo de Benito Mussolini. Tras la muerte de Franco, se promulgó la vigente Constitución de 1978, que consagraba un Parlamento bicameral, también llamado cortes generales, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. La renovación de sus miembros ha de producirse cada cuatro años.

Las funciones del Congreso de los Diputados pueden ser básicas, exclusivas y específicas. Las funciones básicas son el ejercicio del poder legislativo, la aprobación de los presupuestos generales del Estado y el control parlamentario del gobierno. Entre sus potestades, también se encuentra la de aprobar los tratados internacionales, la cooperación entre las comunidades autónomas, la distribución de los recursos interterritoriales, las reformas institucionales que procedieran, la asistencia a la Corona y el papel de garante del cumplimiento del régimen sucesorio.

Las funciones exclusivas del Parlamento español atañen a la convalidación de decretos del gobierno del Estado, la tramitación de los proyectos concernientes a los estatutos de las comunidades autónomas, la convocatoria al rey de referéndums generales, la investidura del presidente del gobierno, las mociones de confianza o de censura, e incluso la reprobación del presidente en supuestos de delitos contra la seguridad de la nación.

Las denominadas funciones específicas, pero no exclusivas, afectan a la elección de 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial y de 4 del Tribunal Constitucional, así como a la evaluación de los tratados internacionales respecto a la Constitución española.

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EL PARLAMENTO EN LATINOAMÉRICA

Tras lograr su independencia, los nuevos estados latinoamericanos han recorrido un difícil camino político, lleno de obstáculos y retrocesos, hasta conseguir la consolidación de regímenes democráticos fundamentados en sistemas parlamentarios representativos, e incluso algunos de ellos como Cuba aún no lo han logrado. Al igual que en el resto de la comunidad internacional, la variedad parlamentaria es notable. Prevalecen los sistemas bicamerales, pero también existen parlamentos unicamerales; tales son los casos de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, o El Salvador (nótese la inclinación a esta tendencia entre los países centroamericanos). Entre los bicamerales tampoco es idéntica su denominación. Muchos de ellos (Argentina, Brasil, Colombia o Venezuela) reciben el nombre de Congreso Nacional siendo particular el caso de México, donde, debido a la propia esencia del Estado, el Parlamento se llama Congreso de la Unión. Las cámaras altas suelen denominarse Senado, y las bajas, Congreso de los Diputados o Asamblea de Representantes.

Latinoamérica no ha sido ajena a la progresiva mundialización de la política en todos los niveles, evolución que se ha manifestado en el progresivo incremento de la importancia de las organizaciones supranacionales. Así, ya en 1964 se constituyó el llamado Parlamento Latinoamericano, en cuya Asamblea se encuentran representados todos los países de este ámbito geográfico.

Gabinete

Gabinete, en un sentido institucional es sinónimo de Gobierno y designa al conjunto de los ministros y su presidente, o primer ministro, que componen el poder ejecutivo de un Estado. No obstante, la composición y funciones del gabinete cambia en cada país.

Su origen se remonta a principios del siglo XV, como una asamblea de notables que aconsejaba al rey de Inglaterra. Una parte del Privy Council (Consejo Privado), constituido por el grupo más importante de asesores del monarca, celebraba sus reuniones en la cámara real, también llamada gabinete; de este hábito y de la estancia donde tenían lugar estas deliberaciones surgió su nombre. En sus principios el gabinete no dispuso de ninguna autoridad concreta y sus funciones eran tan sólo consultivas. Es a partir del siglo XVIII, con el paso del poder absoluto del rey al Parlamento, cuando el gabinete se convirtió en el principal consejo de asesoramiento en el Gobierno y de su premier o primer ministro. Desde 1780 la composición de dicho gabinete británico, modelo de organización que pasó a ser imitado por numerosos países, fue restringida a un número escaso de ministros importantes. Al evolucionar, su composición se nutría en los regímenes democráticos de representantes elegidos conforme a las mayorías predominantes en el ámbito legislativo. Cuando esa mayoría no es absoluta o no está definida con claridad, lo corriente es que los gabinetes se formen mediante una coalición constituida por los partidos que ostenten la mayoría parlamentaria.

Dictador

Dictador, título otorgado en la antigua Roma a un magistrado escogido por el Senado y ratificado por los comicios curiados en situaciones de excepcionalidad o emergencia. Según los historiadores romanos, el primer nombramiento de este tipo fue hecho en el 501 a.C.; el último dictador fue nombrado durante la II Guerra Púnica en el 216 a.C. El dictador gobernaba por lo general durante seis meses y ejercía como magistrado superior del Estado. La jurisdicción civil seguía en manos de magistrados ordinarios, subordinados al dictador, cuya jurisdicción militar estaba limitada al territorio itálico. Según Cicerón, el cargo fue creado en un principio para responder a los disturbios civiles entre patricios y plebeyos, así como para que el Estado tuviera una autoridad máxima definida y única en tiempos de guerra. En los últimos años de la República, determinados políticos romanos se proclamaron dictadores para asumir potestades que la legalidad colegiada existente no permitía. La dictadura del general Lucio Cornelio Sila duró desde el 82 hasta el 79 a.C.; Julio César ejerció como dictador vitalicio desde el 45 a.C. La figura del dictador fue abolida tras su muerte en el año 44 a.C.

En la edad contemporánea, la ciencia política ha denominado dictadores a aquellos gobernantes que han asumido de una forma absoluta todo el poder del Estado, prescindiendo de los valores generalmente aceptados del sistema democrático de representación. Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, Kim Il Sung en Corea del Norte y Stalin en la Unión Soviética serían claros ejemplos de gobiernos dictatoriales del siglo XX.

República

República (del latín res publica, ‘la cosa pública’), forma de Estado basada en el concepto de que la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar en su nombre a un grupo de representantes elegidos. En la práctica este concepto ha sido, sin embargo, ampliado, distorsionado y corrompido de diversas formas, por lo que se hace difícil dar una definición unívoca del término. Para empezar, es importante diferenciar entre república y democracia. En el Estado republicano teórico, en el que el gobierno se convierte en portavoz de los deseos del pueblo que lo ha elegido, república y democracia pueden ser dos conceptos idénticos (existen también las monarquías democráticas). Pero las repúblicas que se han dado a lo largo de la historia nunca se han ajustado a un único modelo teórico, y en el siglo XX la república ha servido de forma de Estado a regímenes democráticos pero también a regímenes de partido único y dictaduras. En realidad, la república ha pasado a designar a todo Estado cuya jefatura es responsabilidad de un presidente, o figura similar, y no de un monarca.

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TEORÍAS REPUBLICANAS

Gran parte de la confusión que rodea al concepto de republicanismo puede remontarse ya a los escritos de Platón y Aristóteles. La República de Platón presenta un Estado ideal sobre lo que él consideraba los elementos básicos del alma humana: el apetito, la razón y el ánimo. De acuerdo con esto, su república ideal estaba compuesta por tres grupos diferenciados: una clase comercial (identificada con el apetito), una clase ejecutiva (equivalente a la razón) integrada por administradores y soldados responsables del cumplimiento de las leyes, y por último los guardianes o reyes filósofos (el ánimo) que ejercerían como legisladores. Como Platón confiaba a los guardianes, un pequeño grupo seleccionado, la responsabilidad de mantener una polis organizada con armonía, el republicanismo es a menudo asociado con los fines o metas establecidos por un pequeño sector de la comunidad que puede percibir lo que constituye el bien común.

La Política de Aristóteles presenta otro concepto de orden republicano, planteamiento que ha prevalecido en la mayor parte del mundo occidental. Aristóteles clasificaba a los gobiernos basándose en quién los dirigía: uno, unos pocos, o muchos. Dentro de estas categorías distinguía entre formas buenas y malas de gobierno: monarquía (buena) contra tiranía, aristocracia (buena) frente a oligarquía, cuya principal diferencia consistía en que los dirigentes gobernaran por el bien del Estado o en beneficio de sus propios intereses.

Uno de los aspectos más pertinentes para el republicanismo del mundo occidental es la distinción que hace Aristóteles entre democracia, la forma mala del gobierno de los muchos, y politeia, su contrario, la forma buena. El filósofo creía que las democracias caerían en un periodo de turbulencia e inestabilidad porque los pobres, que según su pensamiento se convertirían en la mayoría, intentarían conseguir una igualdad social y económica que ahogaría la iniciativa individual. Por el contrario, la politeia, con una clase media capaz de resolver con justicia conflictos entre ricos y pobres, permitiría el gobierno de los muchos sin los problemas y el caos asociados con los regímenes organizados.

James Madison, a menudo llamado ‘padre de la Constitución de Estados Unidos’, definía la república en términos parecidos a los de la politeia aristotélica. Según él, las repúblicas eran sistemas de gobierno que posibilitaban el control directo o indirecto del pueblo sobre sus gobernantes. Advirtió, sin embargo, sobre los efectos de las facciones mayoritarias e insistió en los derechos de las minorías.

El concepto madisoniano de republicanismo coincide con el aristotélico de politeia en muchas dimensiones importantes, pero ambos son diferentes en esencia de la idea platoniana. A Madison y Aristóteles les preocupaba el medio con el que se pudiera asegurar un gobierno justo y estable. Para esto Aristóteles se apoyaba en una clase media predominante y Madison, con un concepto más amplio, propugnaba una república en la que los distintos intereses se supervisasen y controlasen entre sí. Madison también hacía hincapié en la elección de representantes por parte del pueblo, ya que éstos sacrificarían con menor probabilidad el bien público de lo que lo haría la mayoría de la gente. Según escribió Madison, las democracias puras, en las que el pueblo gobernaba de forma directa, “siempre han sido espectáculos de turbulencia y de enfrentamiento”.

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LAS REPÚBLICAS EN LA HISTORIA

Algunos expertos consideran como república embrionaria la antigua confederación de tribus hebreas que existió en Palestina desde el siglo XV a.C. hasta el establecimiento de la monarquía hacia el año 1020 a.C., lo que convertiría a la antigua comunidad israelita en la primera república de la historia y en uno de los más antiguos sistemas democráticos. A excepción de las mujeres y los esclavos, todos los miembros de la comunidad podían participar en la elección de sus administradores y aspirar a un cargo público. Desde comienzos del siglo VIII a.C. y durante varios siglos después, muchas de las ciudades-Estado de Grecia fueron republicanas en su forma. Cartago fue también una república durante más de 300 años hasta que fue destruida por los romanos en el 146 a.C. Durante casi 500 años la propia Roma fue una república en la que prácticamente todos los varones libres recibían más tarde o más temprano el derecho al voto. Muchos de los primeros estados del norte de la India fueron repúblicas oligárquicas antes de que se estableciese la dinastía Maurya en el año 321 a.C., con asambleas soberanas de los clanes gobernantes, elección de los jefes o presidentes y de los funcionarios, y estrictos procedimientos de debate. En China la plétora de pequeños estados que surgieron tras el derrumbamiento de la dinastía Zhou, hacia el siglo VI a.C., siguieron siendo casi todos monárquicos.

La república más antigua que existe con tal denominación en la actualidad es el San Marino, que, según la tradición, fue establecida en la segunda mitad del siglo IV d.C.

En la edad media los islandeses establecieron una república (930), con una forma más o menos democrática de gobierno, que duró más de 300 años. Las poderosas e independientes ciudades-Estado comerciales del norte de Italia, gobernadas por la creciente burguesía, también consideraron el modelo republicano como un instrumento político más adecuado que el Estado monárquico controlado por la nobleza feudal y la Iglesia católica apostólica romana. Estas repúblicas italianas estuvieron durante siglos inmersas en luchas de poder entre la aristocracia y la burguesía comercial, en las que la primera representaba el conservadurismo feudal y la segunda la causa del gobierno democrático. Un proceso paralelo tuvo lugar en las comunidades comerciales y artesanas de los actuales Países Bajos. La Liga Hanseática fue en principio una forma de gobierno republicano internacional y una democracia limitada. Los elementos republicanos fueron también una característica de la liga de cantones que formarían más tarde el Estado suizo. La fundación de la República Helvética bien puede situarse en 1291 con la creación de la Liga Perpetua, unión de los ‘cantones forestales’ para salvaguardar su independencia.

Muchos líderes de la Reforma abrigaron sentimientos republicanos. Ginebra, bajo el gobierno de Juan Calvino, era republicana en su forma, aunque constituía en la práctica un Estado teocrático. Las doctrinas religiosas y antimonárquicas reformistas contribuyeron también al establecimiento de la república de las Provincias Unidas, formada por las provincias neerlandesas independizadas del gobierno español, y a la corta Commonwealth (1649-1660) de Inglaterra, Escocia e Irlanda bajo el mandato de Oliver Cromwell.

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LAS REPÚBLICAS MODERNAS

La era del republicanismo moderno comenzó con la guerra de la Independencia estadounidense (1775-1783) y la Revolución Francesa (1789-1799). Aunque ya existían elementos de gobierno republicano en las instituciones administrativas de las colonias británicas en América, el republicanismo no se convirtió en característica dominante del pensamiento político estadounidense hasta que los colonos declararon su independencia. El establecimiento de Estados Unidos como república federal, con un sistema integrado por tres poderes coordinados pero independientes, sentó un precedente que sería luego muy imitado tanto en Europa como en otras partes del mundo.

La Revolución Francesa introdujo también el primer Estado nacional republicano en Europa. Basado en el sufragio, al igual que su predecesor estadounidense, enunció los principios fundamentales de libertad. Aunque esta I República francesa no duró mucho, su repercusión en la sociedad francesa y europea en general fue continua. Para muchos historiadores las Guerras Napoleónicas que estallaron acto seguido fueron en esencia una expansión militar del asalto político contra los restos de la estructura del Antiguo Régimen en el continente, que con el tiempo desembocó en una nueva era de republicanismo.

Durante el siglo XIX la lucha revolucionaria tuvo, allá donde ésta se produjera, la instauración de la república como inmediata consecuencia. Así, el proceso de emancipación de América Latina respecto de España trajo consigo una innumerable cantidad de regímenes republicanos unidos a la independencia de los nuevos estados que los adoptaban, ya fuesen repúblicas unitarias o federales, tales como la República de la Gran Colombia o las Provincias Unidas del Centro de América.

En el siglo XX se produjeron dos oleadas de formación de nuevos estados republicanos, coincidiendo con el final de las guerras mundiales. Casi todos los estados de reciente independencia se organizaron como repúblicas, aunque algunos surgidos tras la I Guerra Mundial emprendieron su andadura como monarquías.

La Revolución Rusa de 1917 y la consiguiente transformación del Imperio Ruso en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) abrieron un nuevo capítulo en la historia del republicanismo. La evolución de la URSS hasta convertirse en un Estado totalitario de partido único volvió a demostrar que república y democracia no son dos términos sinónimos, hecho que se haría más evidente tras la II Guerra Mundial, cuando todos los estados de Europa Oriental se constituyeron como ‘repúblicas populares’ bajo la tutela de la URSS.

De las muchas nuevas repúblicas fundadas desde la II Guerra Mundial, la mayoría, en realidad, ha demostrado una tendencia definida a separarse de los ideales democráticos y a asumir por el contrario el carácter de oligarquías, estados de partido único o dictaduras militares. Los países que se encuentran en proceso de desarrollo económico y político surgidos tras la liquidación de los imperios coloniales europeos supusieron profundos problemas para las repúblicas democráticas. Uno de estos problemas era el planteamiento de si un gobierno realmente representativo podía ser elegido por votantes analfabetos y mal informados. Otro era cómo establecer un gobierno mayoritario dentro de sociedades asentadas sobre estructuras tribales. El peso de las tradiciones inculcadas, por una parte, y la introducción de nuevas ideología doctrinarias, por otra, no hacían sino añadir otro elemento más de caos. En la mayor parte de los casos, el resultado fue un gobierno autoritario unipersonal, unipartidista o militar. Es por eso por lo que, en el último cuarto del siglo XX, aunque más de la mitad de las naciones del mundo se autodenominen repúblicas, sólo algunas pueden ser consideradas de hecho como democracias.

En España, sólo dos y muy efímeras han sido las experiencias republicanas. La I República (1873-1874) estuvo caracterizada por el intento de modernizar y democratizar el Estado, pero la precaria situación que atravesaba España hizo que la inestabilidad fuese su nota básica. La II República (1931-1939), especialmente durante los llamados periodos del Bienio Reformador (1931-1933) y del Frente Popular (1936) luchó por extraer a España de unas estructuras marcadamente ligadas al Antiguo Régimen; las fuerzas de éste se rebelaron y el resultado fue una Guerra Civil que desembocaría en una dictadura que se prolongaría durante casi 40 años.

Destitución

Destitución, método por el que se obliga a dejar el cargo a políticos elegidos para el mismo, antes de que termine su mandato. Suele aplicarse en los casos en que éstos sean considerados poco eficaces en sus respectivas circunscripciones.

El procedimiento de la destitución varía de una jurisdicción a otra. Para que se instituya una elección destinada a conseguir este objetivo, ha de presentarse una propuesta, firmada por una proporción específica de votantes cualificados, ante las autoridades correspondientes, quienes, tras verificar las firmas, ordenarán la votación.

Primer ministro

Primer ministro, jefe del poder ejecutivo en un régimen de carácter parlamentario, sea monarquía o república. Es él quien formula la política de su gabinete y suele ser el líder del partido con mayoría en las cámaras o el de una coalición de partidos. Designa y destituye a los ministros del gobierno y es responsable ante el poder legislativo. Éste ha de aprobar su designación y puede determinar su salida del ejecutivo a través de la votación negativa de una moción de confianza.

Títulos valores

Títulos valores, término utilizado en economía y en las finanzas con dos significados: por una parte, designa algo dado por un prestatario a la persona que presta para asegurar un préstamo, es decir, algo que el prestador puede vender y así recuperar el dinero adeudado si el prestatario no devuelve lo prestado; por otra, designa una participación en los fondos propios (el activo menos el pasivo) de una empresa.

Los valores eran en un principio los documentos (llamados también título-valor) que probaban la posesión de una propiedad o los ingresos que podían ser utilizados como garantía subsidiaria para un préstamo. Hoy día, el término valores se utiliza por lo general para hacer referencia a acciones rentables o a bonos que se comercian sobre el capital (finanzas a largo plazo) o en mercados monetarios (finanzas a corto plazo).

En las últimas dos décadas se ha producido un considerable incremento de la inversión en valores, debido al hecho de que las empresas han optado cada vez más por aumentar sus finanzas a través del mercado de valores en vez de hacerlo solicitando un préstamo a un banco o a otro intermediario financiero. Como resultado de ello, el mercado de valores se ha convertido en algo bastante diverso y sofisticado. Puede que los bancos hayan perdido parte de su tradicional negocio como entidades prestadoras, pero se ven beneficiados por el hecho que el riesgo que conlleva conceder un préstamo se reparte ahora en una mayor gama de entidades financieras, con lo que les resulta rentable ocuparse del ramo de los valores.

A medida que la inversión en valores ha ido creciendo lo ha hecho también el mercado de los llamados derivados, que son en realidad activos derivados de otros activos. Por ejemplo, una opción (el activo derivado) de comprar una acción (el activo original) a un cierto precio en cualquier momento hasta una fecha específica establecida en el futuro. En este caso, operan dos mercados: uno para el activo original y otro para el activo derivado. Aquellos que comercian con opciones apuestan sobre el precio de la acción de la que han adquirido una opción de compra. Si el precio de la acción sube en una proporción superior al coste de la opción, pueden obtener un beneficio. En teoría podría haber derivados de derivados, como, por ejemplo, en el caso de una posibilidad para adquirir una opción a comprar una acción.

Finanzas

Finanzas, término aplicado en economía al conjunto de operaciones de compra-venta de instrumentos legales, cuyos propietarios tienen ciertos derechos para percibir, en el futuro, una determinada cantidad monetaria. Estos instrumentos legales se denominan activos financieros o títulos valores e incluyen bonos, acciones y préstamos otorgados por instituciones financieras.

El primer emisor de un título valor se denomina prestatario, mientras que a la persona que compra el título valor se la conoce como prestamista. Los prestatarios necesitan dinero en efectivo, mientras que a los prestamistas les sobra liquidez. Cuando un prestatario emite un título valor que adquiere un prestamista, ambas partes se ven beneficiadas; el prestatario obtiene el efectivo que necesita y el prestamista el derecho a obtener en el futuro el valor monetario prestado, así como una tasa justa de beneficios (como pago de intereses).

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MERCADOS FINANCIEROS

Las transacciones realizadas entre el primer emisor (prestatario) y el primer prestamista son transacciones del mercado primario. El primer prestamista puede vender los activos financieros adquiridos en el mercado primario a otras personas, en lo que se conoce como mercados secundarios. La compra-venta de títulos valores negociables en los mercados secundarios no tiene consecuencias para el emisor del título, es decir, el primer prestatario; sólo se produce una variación en la titularidad (propiedad legal) de los títulos valores. Ejemplos de mercados secundarios son los mercados de valores (como la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Londres y la Bolsa de Tokio). Puede haber un mercado fuera de la cotización oficial del mercado secundario.

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CLASES DE TÍTULOS VALORES

Casi todos los títulos valores que se negocian en los mercados secundarios pertenecen a uno de los siguientes dos grandes grupos: bonos o acciones. Los bonos son instrumentos crediticios, (deuda emitida normalmente por el Gobierno o las empresas): a cambio de cierta cantidad de dinero, proporcionan un rendimiento fijo. Las características más importantes de los bonos son su valor facial (o a la par), su fecha de vencimiento y la tasa de cupón. El valor facial refleja la cantidad de efectivo total que se pagará al propietario del bono a la fecha de vencimiento, que va desde los tres meses hasta los 30 años. Antes del vencimiento, cada año se paga el cupón, que es la tasa de cupón multiplicada por el valor facial. Este cupón es el beneficio que obtiene el poseedor del bono. Se fija por primera vez en el mercado primario, y no podrá cambiarse en función de los tipos de interés prevalecientes en cada momento en la economía. Sin embargo, lo que sí varía es el precio de mercado del bono. Cuando el cupón es igual al tipo de interés medio que se está pagando en ese momento, el precio de mercado del bono será igual a su valor facial. Cuando el cupón es mayor que los tipos de interés que se están pagando, el bono se venderá a un precio superior al del valor facial (sobre la par). Cuando el cupón que se paga es inferior al tipo de interés del mercado, el bono se venderá con descuento (bajo la par). El pago del cupón constituye una obligación legal, por lo que el impago puede provocar la quiebra del emisor.

Las acciones preferentes son parecidas a los bonos, ya que tienen un valor facial y proporcionan un dividendo predeterminado (parecido al cupón de los bonos). La diferencia estriba en que las acciones preferentes, a diferencia de los bonos, no tienen un plazo de vencimiento, y en que se puede no pagar los dividendos anualmente durante varios años, sin que ello implique la quiebra del emisor. Las acciones ordinarias no tienen ni plazo de vencimiento ni dividendos anuales estipulados. Estos títulos valores tienen un periodo de vida ilimitado, y sólo se pagarán dividendos si el emisor obtiene unos beneficios satisfactorios. Dado que los rendimientos de los bonos son los más seguros, constituyen la inversión menos arriesgada, pero a su vez tienen un menor rendimiento. Las acciones preferentes comportan mayores riesgos que los bonos, pero menores que los que comportan las acciones ordinarias. Éstas son las más arriesgadas, por lo que su tasa de rendimiento esperada es también la más elevada.

Los agentes que emiten títulos valores pueden dividirse en públicos y privados. Los emisores privados pueden ser individuos, sociedades y corporaciones. Los emisores públicos pueden ser distintas instituciones gubernamentales.

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FINANZAS EN EL SECTOR PRIVADO

Tanto los individuos, como las sociedades y las corporaciones pueden emitir títulos valores financieros para pagar diferentes activos que quieran adquirir. Puesto que las corporaciones son la principal fuerza financiera del sector privado, el siguiente análisis se centrará en la financiación de las corporaciones. Éstas pueden adquirir más capital vendiendo acciones y bonos, o pueden financiar sus necesidades temporales obteniendo préstamos de los bancos.

El responsable financiero de la corporación debe decidir qué activos ha de comprar la empresa y cómo hay que financiar esta adquisición. Las decisiones de inversión en activos dependen de dos factores: las tasas de retorno esperadas y el riesgo. Para poder estimar los rendimientos esperados de un proyecto se realizan análisis detallados sobre las previsiones de ventas potenciales, gastos y beneficios esperados de la inversión. El riesgo depende de la incertidumbre que tenga la empresa respecto a los beneficios anuales que pueda obtener.

Las decisiones financieras dependen únicamente del tipo de contrato financiero que minimice los costes para la empresa. Al igual que ocurre con las decisiones de inversión en activos, los costes financieros se expresan en función de la tasa de interés anual. Los costes financieros de una emisión de nuevas acciones vienen dados por los dividendos mínimos más la apreciación del precio de las acciones que el comprador espera recibir.

4.1

Financiación a corto plazo

La financiación de la deuda puede ser a corto o a largo plazo. La emisión de deuda a corto plazo debe amortizarse en menos de cinco años. Los préstamos concedidos por bancos comerciales son el ejemplo más frecuente de deudas a corto plazo. Las líneas de crédito de los bancos permiten a una empresa pedir prestado un máximo predeterminado, pero se exige que el saldo esté a cero durante uno o más meses al año. Estas líneas de crédito no suelen estar respaldadas por una garantía. Los bancos también ofrecen préstamos a dos o tres años, pero éstos suelen estar avalados por los inventarios o los activos exigibles de la empresa si no se devuelven en el plazo determinado.

Existen otros tres tipos de financiación a corto plazo, que son los pagarés de empresas, las pignoraciones y el factoring. Los pagarés de empresas son una deuda emitida por una empresa que tiene un plazo de vencimiento inferior al año. Sólo los emiten grandes empresas, financieramente solventes, y tienen un coste en intereses ligeramente inferior al de los préstamos bancarios concedidos para las inversiones con menores riesgos. La pignoración y el factoring son utilizados por empresas más pequeñas con menor solidez financiera. El factoring es la venta física de las cuentas a cobrar a los clientes. La pignoración es un préstamo garantizado con las cuentas a cobrar a clientes de la empresa. Dado que comportan un mayor riesgo, la pignoración y el factoring obligan a la empresa a pagar mayores intereses que los que se pagan por los pagarés de empresa.

Con anterioridad a 1965, aproximadamente, todas las emisiones de deuda se vendían en el país en que radicaba la empresa emisora. Desde entonces, la financiación internacional se ha incrementado de manera espectacular. La mayor parte de esta financiación en el orden internacional es a corto plazo, y tiene lugar en lo que se denomina mercado de eurobonos; su mercado principal está en Londres. El mercado de eurobonos permite que las empresas emitan deudas en divisas extranjeras (principalmente en dólares) al tiempo que evita las regulaciones y restricciones de los mercados financieros nacionales. Normalmente, al emitir este tipo de bonos las empresas convierten las divisas en su moneda nacional. En el mercado de eurobonos se emite deuda tanto a corto como a largo plazo. En los últimos años se han llegado a emitir bonos con un plazo de vencimiento de hasta 50 años.

4.2

Financiación a largo plazo

Normalmente, la financiación a largo plazo se lleva a cabo mediante la emisión de bonos o mediante arrendamientos con opción de compra. Los bonos que no están avalados por algún activo se suelen denominar obligaciones. Dado el riesgo que comportan, las obligaciones implican una mayor tasa de rendimiento. Las emisiones de bonos garantizados implican que éstos están avalados por algún activo, por lo que rinden menores intereses. El arrendamiento con opción de compra es parecido a la emisión de una deuda, con la diferencia de que el título de propiedad del activo no se cede a la empresa que efectúa el arrendamiento. Este tipo de financiación está aumentando gracias a sus mayores ventajas impositivas, que no poseen los demás medios de financiación.

En algunas ocasiones, la emisión de bonos a largo plazo permite al comprador adquirir posteriormente acciones ordinarias de la empresa. Estos bonos convertibles permiten que el poseedor de los bonos los intercambie por un determinado número de acciones ordinarias. Algunas obligaciones permiten que el poseedor de los bonos compre acciones ordinarias a un precio inferior. Desde el punto de vista de la corporación, los bonos convertibles dan lugar, a su vencimiento, a una ampliación de capital, mientras que las obligaciones preferentes seguirán siendo una deuda pero también supondrán una ampliación de capital en el futuro.

Las acciones preferentes son, de alguna manera, parecidas a los bonos. Se venden con un determinado valor (a la par), se paga una cantidad determinada anualmente y, en caso de quiebra, otorgan el derecho de acudir a la liquidación de los activos por delante de los propietarios de acciones ordinarias. En otros aspectos son análogas a las acciones ordinarias: no hay que pagar dividendos si la empresa no tiene suficiente efectivo, y los dividendos que se pagan pueden ser mayores en caso de que los beneficios de la empresa aumenten. Por su parte, los bonos rinden un cupón fijo y obligatorio todos los años. Los compradores de acciones preferenciales obtienen ventajas fiscales que no tienen los que compran bonos. Estas ventajas fiscales hacen que las empresas emitan acciones preferenciales, que además comportan menores costes para el emisor.

Los auténticos propietarios de una corporación son los tenedores de acciones ordinarias; reciben la totalidad de los beneficios, descontados los pagos de intereses de las deudas y el pago de dividendos a las acciones preferentes. Estos beneficios se distribuyen de dos formas: como efectivo, en forma de dividendos a los accionistas, y como incremento del valor de las acciones ordinarias. Este aumento (o disminución) del precio de las acciones ordinarias puede tener dos causas: 1) La reinversión de los beneficios, para aumentar el crecimiento de la corporación o permitir el logro de otros objetivos, aumenta el valor total de los activos de la empresa, y por tanto, el valor de sus acciones. Si, por ejemplo, se retiene una determinada cuantía de los ingresos por cada acción de la empresa, el valor de cada acción debe aumentar en la misma cuantía. 2) El cambio en las expectativas de los accionistas sobre los beneficios potenciales futuros de la empresa hará que el precio de las acciones varíe. El rendimiento obtenido por un accionista viene dado por el dividendo percibido más las ganancias (pérdidas) del valor de las acciones.

4.3

Intermediarios financieros

Son aquellas instituciones que obtienen recursos de un prestamista y los ofrecen a los prestatarios. Por ejemplo, un banco comercial obtiene dinero de los depósitos de sus clientes, las cuentas de ahorro y la venta de bonos. Después presta este dinero a individuos, empresas o gobiernos. Existen más intermediarios financieros, como las sociedades de valores y bolsa, los fondos mutuos de inversión mobiliaria, las compañías de seguros y los fondos de pensiones. Estas instituciones permiten que los pequeños ahorradores junten sus fondos y puedan diversificar sus ahorros en varias inversiones. Además, la experiencia financiera de los gestores de estas instituciones permite que los ahorradores obtengan mayores rendimientos.

5

FINANZAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Mediante el gasto público los países realizan servicios demandados por los ciudadanos. A lo largo del siglo XIX el gasto público aumentó considerablemente en todos los países, independientemente de su sistema político. Esto se debió, en parte, a la tendencia casi universal de ampliar los servicios gubernamentales a áreas que antes estaban reservadas a la iniciativa privada, pero también fue debido al crecimiento de la población, a una mayor riqueza general y a la elevación de los niveles de vida.

El gasto público se puede dividir en tres grandes partidas: defensa, obras públicas y programas que favorezcan el bienestar social. Las obras públicas incluyen servicios como la creación de carreteras, las viviendas de protección oficial y, en muchos países, el servicio de correos, las líneas de ferrocarriles, el teléfono y los telégrafos. Los programas que fomentan el bienestar social incluyen gastos en el sistema sanitario, la educación y la ayuda a personas discapacitadas. El principal ejemplo de la intervención estatal en la economía es el de la antigua Unión Soviética, donde casi toda la industria pertenecía al Estado o estaba bajo su control.

Cuando el gasto público es superior a los ingresos generados por los impuestos, el déficit resultante puede financiarse de dos maneras: mediante la emisión de obligaciones o deuda pública respaldadas por el Gobierno, o mediante la creación de dinero.

5.1

Imposición

El gasto público se financia, principalmente, mediante los impuestos. Éstos pueden ser de varios tipos: impuestos indirectos, impuestos sobre las importaciones, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor añadido y otros mecanismos que permiten obtener ingresos. Este es el principal medio de obtención de recursos del sector público.

5.2

Financiación del déficit

Los gobiernos pueden financiar sus déficit emitiendo deuda pública. En el ámbito nacional suele existir un departamento con poder para emitir títulos valores a corto y a largo plazo. Los bonos emitidos por un Gobierno están considerados como los títulos valores con menor riesgo. Aunque, no obstante, aquí hay que diferenciar entre países. No es lo mismo comprar un título de deuda de un país como, por ejemplo, España, que hacerlo de Rusia o Argentina. Los gobiernos de estos últimos países tendrán que pagar lo que se conoce como una prima de riesgo para que los inversores compren su deuda. Es decir, los intereses de estos títulos serán mayores: a mayor riesgo, mayor rentabilidad.

En muchos países ha aumentado la emisión de deuda por parte de las administraciones locales municipales. Estas emisiones son muy parecidas a las de los gobiernos centrales, pero comportan mayores riesgos. Por ello, tienen rendimientos, después de impuestos, superiores a los de la deuda del Gobierno central, incluso cuando el plazo de vencimiento es el mismo. Además del mayor riesgo que comportan, estas emisiones de deuda tienen otra característica esencial: sus ventajas fiscales. Aunque los ingresos derivados del aumento del precio de los bonos están totalmente sometidos a gravamen, el cupón pagado está exento de los impuestos sobre la renta del Gobierno central, y tampoco pagan impuestos en la administración local que los emite. Debido a este trato de favor fiscal, los rendimientos de las emisiones antes de impuestos de las administraciones locales suelen ser inferiores a los de la deuda pública del Gobierno central.

5.3

Emisión de moneda

En última instancia, el Gobierno puede financiar sus gastos creando más dinero. Esta fuente de financiación sólo está al alcance de los gobiernos que todavía tengan el banco central bajo su control. Una circunstancia que no se da en las economías industrializadas: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen un banco central que no sigue las instrucciones del Gobierno de turno. Si el Ejecutivo de la nación desea gastar determinada cantidad para pagar varios proyectos, puede, por ejemplo, crear la cantidad de dinero necesaria para sus gastos. Sin embargo, en la práctica este proceso es más complicado; la creación de dinero depende normalmente de los bancos centrales. La oferta monetaria a menudo varía en función de las necesidades de financiación del déficit público, o para controlar los tipos de interés, o el nivel de la inflación, y también para aumentar el nivel de empleo. Desgraciadamente, los procesos necesarios para lograr estos objetivos suelen entrar en conflicto.

6

FINANZAS INTERNACIONALES

Los movimientos de capital entre países pueden dividirse entre pagos corrientes e inversiones de capital. Los pagos corrientes se refieren a los pagos por exportaciones e importaciones, así como al pago de intereses y dividendos. Durante un año cualquiera, un determinado país tendrá déficit o superávit en sus transacciones corrientes. Las inversiones de capital se refieren a la compra-venta de títulos valores de un país por parte de otro. Estas transacciones también pueden dar lugar a un déficit o a un superávit. Un déficit neto de las transacciones corrientes y de las inversiones de capital refleja el flujo neto de recursos financieros que han salido de un país; un superávit neto refleja los recursos financieros que han entrado en el país.

Cada país tiene su propia unidad monetaria, o moneda, en la que exigirá que se le paguen los superávit netos. El valor de una moneda en términos de otra depende, en teoría, de qué país de los dos tiene un déficit neto frente al otro. Por ejemplo, si Estados Unidos tiene un déficit neto en sus relaciones con la Unión Europea, el valor del euro aumentará en relación con el dólar. Este valor relativo es el reflejo del tipo de cambio, que expresa el coste de una unidad de una determinada moneda en términos de otra. El aumento del valor del euro hace que las exportaciones europeas a Estados Unidos sean más caras y que las exportaciones de Estados Unidos a Europa sean más baratas. Por lo tanto, el déficit tendría que equilibrarse automáticamente. Por ello, el tipo de cambio es esencial a la hora de reequilibrar los déficit y superávit entre los distintos países.

Los movimientos de capital han ido cobrando importancia a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, a medida que se liberalizaba el sistema financiero internacional y se suprimían los controles sobre los tipos de cambio. Por ello, los especuladores monetarios y los inversores, ayudados por los adelantos en las telecomunicaciones, pueden mover ingentes cantidades de dinero por todo el mundo a una velocidad vertiginosa. El poder de este sistema financiero internacional ya se ha hecho patente en varias ocasiones. La más reciente en el verano de 1997 en Asia. Todo comenzó en el mercado de divisas. Tailandia, sumida en una recesión, decidió abandonar la paridad fija entre su moneda, el bath, y el dólar. En un solo día, el bath tailandés se depreció un 18 por ciento. Los países vecinos siguieron el ejemplo. Filipinas, Malasia, Indonesia, Taiwán y Vietman devaluaron también sus monedas. Los tipos de interés tuvieron que subir para evitar una fuga de capitales. Los inversores extranjeros se fueron con su dinero a otros mercados, y se generó una importante crisis de confianza. Además, las inversiones extranjeras se habían dedicado más bien a la especulación, sobre todo en el mercado inmobiliario y la renta variable, y su marcha provocó una fuerte caída de las bolsas y un aumento de la morosidad. En el verano de 1998 esta crisis se contagió a Rusia, que procedió a devaluar el rublo y suspendió los pagos de su deuda externa.

Bonos

Bonos, instrumento de crédito legal mediante el cual se adquiere el compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta, cuando se cumplan determinados requisitos.

2

UTILIDAD DE LOS BONOS

Los bonos que se emplean en las finanzas son instrumentos financieros reflejados en un documento escrito en el que se estipula que el emisor adeuda al tenedor una determinada cuantía por la que le pagará ciertos intereses, además del principal, en determinadas fechas preacordadas. Esta clase de bonos suelen ser emitidos por grandes empresas y por los gobiernos, como medio de emitir deuda pública que les permita financiarse a corto y largo plazo. El término bonos se suele utilizar para reflejar una emisión de deuda a corto plazo, mientras que para las emisiones de deuda a medio plazo se emplea el término pagaré, y a largo plazo el de obligación. Las emisiones de deuda se realizan acudiendo a intermediarios financieros, que pueden ser bancos o cualquier otro tipo de brokers (intermediarios financieros que trabajan a comisión por cuenta ajena). El comprador de los bonos puede quedarse con ellos y cobrar los intereses acordados, o venderlos a un tercero. Los bonos emitidos por las empresas suelen estar respaldados por una hipoteca sobre las propiedades de la empresa en algunos casos, pero en otros están respaldados por otro tipo de garantías pignoraticias o pignoradas.

Los bonos emitidos por el Estado no están garantizados, pero el comprador se siente seguro al conocer la capacidad recaudadora de los gobiernos; sin embargo, el éxito de la emisión depende de la confianza que tengan los inversores en la estabilidad del Gobierno emisor.

Enmienda

Enmienda, en legislación, modificación de un proyecto de ley, de un estatuto vigente, de una disposición constitucional o de un reglamento. En los procedimientos parlamentarios, la enmienda puede ser una moción, un proyecto de ley o una resolución. Cuando se adopta según las reglas del procedimiento parlamentario, la enmienda pasa a ser parte de la moción o del proyecto de ley original. Durante el procedimiento parlamentario, la enmienda de un proyecto de ley refleja el equilibrio de fuerzas entre el legislativo y el ejecutivo: por este motivo la Asamblea Nacional de la V República de Francia ha hecho pocas enmiendas a la legislación, mientras que en Gran Bretaña a veces se hacen enmiendas a los proyectos de ley cuando el Gobierno no cuenta con la mayoría suficiente con respecto a un asunto concreto. Las divisiones dentro del Gobierno de coalición en Japón obligaron a la enmienda del contencioso sobre la legislación de la reforma electoral que finalmente aprobó el Parlamento en enero de 1994. La enmienda constitucional depende de las disposiciones previstas en la misma Constitución: las denominadas Constituciones rígidas están protegidas contra las enmiendas frecuentes mediante sus propios artículos. La historia de enmiendas constitucionales de los Estados Unidos tiene una especial importancia. El procedimiento para realizar enmiendas a la Constitución se encuentra recogido en el Artículo V. Según éste, la enmienda es aprobada tras obtener los dos tercios del voto de las dos cámaras legislativas o tras la petición de los dos tercios de los legislativos de los estados. Las diez primeras enmiendas, aprobadas en 1791, pasaron a ser conocidas como declaración de derechos. La Decimocuarta Enmienda a la Constitución (aprobada en 1868) se ha convertido en la base legal para el fomento de la igualdad, especialmente de la igualdad entre razas.

Ley

Ley, término que posee una gama plural de significados, como lo demuestra su frecuente uso en las ciencias experimentales (ley de la gravedad, leyes químicas, entre otros ejemplos) y en tantos otros órdenes (leyes religiosas o morales, leyes económicas) para designar toda norma o regla a la que deben someterse o ajustarse los hechos de que trata su objeto.

Ni siquiera en Derecho el vocablo ley posee un significado único. En un sentido amplio, equivale a norma jurídica, ya derive de los órganos del Estado, de la costumbre, o de cualquier otra fuente a la que el ordenamiento jurídico atribuya poder de dictar o crear normas. Ello sin excluir a la propia libertad de pactos (es así como se dice de forma taxativa que “el contrato es ley entre las partes que lo suscriben” o que “el testamento es la ley de la sucesión mortis causa”).

En sentido material, ley significa norma jurídica escrita emanada de aquellos órganos a los que el Estado atribuye fuerza normativa creadora. Desde este punto de vista, es también ley la norma que dicta desde un determinado ministerio u órgano del gobierno o del poder ejecutivo, hasta un ayuntamiento o municipalidad (a través de los reglamentos u ordenanzas municipales). No lo es en cambio la costumbre, que emana de forma directa y con un impulso espontáneo del pueblo.

En sentido estricto y formal, sólo es ley la norma jurídica escrita que emana del poder legislativo. De esta forma, no son leyes todas y cada una de las normas que se dictan en un Estado, sino sólo las promulgadas por los órganos a los que cada constitución otorga la competencia para crearlas, que, en los sistemas democráticos, no son otros que los parlamentos.

Como características generales de la ley, se puede decir que son normas de carácter general y abstracto que regulan una serie de supuestos o relaciones indefinidas, conteniendo un efecto jurídico concreto para todos y cada uno de los supuestos a los que la propia ley se refiere; son normas escritas que para tener eficacia deben ser promulgadas, publicadas en el boletín diario, gaceta o periódico oficial que existe al efecto (Boletín Oficial del Estado, Gaceta Oficial), y aprobadas con arreglo al procedimiento formal de elaboración previsto para ello (principio de legalidad). Según la tradición se entendía que un requisito de la ley, para que pueda cumplir su finalidad de ir dirigida al bien común es el de su justicia interna, pero se trata más de una tendencia deseable que de un requisito inexcusable, pues de lo contrario las leyes injustas no serían leyes.

En la tipología o conjunto de leyes de un Estado debe observarse el principio de jerarquía normativa: así, una ley no puede oponerse a lo que dice la constitución, entendida ésta como ley suprema, ni un reglamento debe contradecir lo que dispone una ley, por tener ésta un rango superior.